Washington.– El administrador de la Drug Enforcement Administration, Terrance Cole, advirtió que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa apenas representan el inicio de nuevas acciones contra actores políticos mexicanos.
Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, Cole aseguró que las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales continuarán avanzando en territorio nacional.
“Esto es apenas el comienzo de lo que viene para México”, afirmó el funcionario federal al responder cuestionamientos del senador republicano John Kennedy.
La audiencia legislativa también contó con la participación del director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, quien reconoció que existe cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Kennedy cuestionó directamente a los funcionarios sobre la presunta infiltración del crimen organizado dentro de estructuras políticas mexicanas y preguntó si esos vínculos obedecen al miedo, corrupción o intereses económicos.
Ante ello, Kash Patel respondió que los casos detectados combinan factores de corrupción y presión criminal, mientras la DEA aseguró que el problema existe desde hace años y apenas comienza a ser atendido públicamente.
Terrance Cole sostuvo además que las organizaciones criminales operan con gran capacidad de adaptación, por lo que la estrategia estadounidense busca desarticular liderazgos, cadenas financieras y redes logísticas.
El funcionario reiteró que el objetivo es responsabilizar a quienes obtienen ganancias mediante el tráfico de drogas y las estructuras criminales que generan violencia y adicciones.
Las declaraciones surgen después de que autoridades estadounidenses acusaron al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérida Sánchez, entre otros personajes ligados presuntamente a la estructura criminal.
De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, el cártel habría operado con respaldo de funcionarios y policías corruptos que utilizaron sus cargos para beneficiar actividades ilícitas.
Tras el escándalo internacional, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo mientras autoridades mexicanas revisan los señalamientos y exigen pruebas formales al gobierno estadounidense.
