Charcas, San Luis Potosí.- La destrucción ilegal de más de 17 hectáreas de vegetación nativa en el altiplano potosino encendió las alertas ambientales y derivó en la intervención inmediata de autoridades federales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectó la eliminación parcial y total de especies características del matorral desértico micrófilo, entre ellas mezquite, nopal, coyonoxtle y tasajillo.
La afectación fue localizada en un predio del municipio de Charcas, donde la superficie intervenida alcanza aproximadamente 17.1 hectáreas, alterando de manera significativa el equilibrio ecológico de la zona.
La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles actividades irregulares en el terreno, lo que motivó una inspección realizada por personal federal el pasado 19 de mayo.
Durante la revisión, los inspectores confirmaron que el área había sido transformada para fines agrícolas, al encontrarse surcos y cultivos de maíz y frijol establecidos recientemente.
Las labores fueron ejecutadas sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo forestal expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requisito obligatorio para intervenir terrenos con vegetación forestal.
Ante las evidencias encontradas, la Profepa ordenó la clausura temporal total de las actividades relacionadas con la remoción de vegetación, colocando los sellos correspondientes en el sitio inspeccionado.
Durante las diligencias, la persona inspeccionada manifestó que los trabajos fueron realizados por habitantes del ejido Aquiles Serdán, ubicado también en el municipio de Charcas.
Sin embargo, al solicitarse la documentación que acreditara la autorización ambiental correspondiente, no fue presentada ninguna constancia emitida por la autoridad competente.
La dependencia federal anunció el inicio del procedimiento administrativo para determinar responsabilidades, ratificar las medidas de seguridad y definir las acciones necesarias para reparar el daño ambiental.
Las autoridades advirtieron que la remoción de vegetación forestal sin permiso constituye una infracción a la legislación ambiental vigente y puede derivar en severas sanciones económicas.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, este tipo de conductas pueden ser castigadas con multas que oscilan entre 150 y 30 mil veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización.
La Profepa reiteró que continuará fortaleciendo la vigilancia en zonas forestales y atendiendo denuncias ciudadanas para combatir cambios ilegales de uso de suelo que ponen en riesgo los ecosistemas del país.
