Ciudad de México.- Una investigación periodística difundida por medios estadounidenses colocó bajo los reflectores a dos mandatarios estatales mexicanos, al revelar presuntas indagatorias federales en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el trabajo publicado por el medio colaborativo Puente News y el diario estadounidense Los Angeles Times, los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya formarían parte de investigaciones relacionadas con supuestos vínculos criminales.
Los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum señalan que Durazo, actual mandatario de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública federal, sería uno de los funcionarios de mayor perfil mencionados en las pesquisas.
Según fuentes citadas por la investigación, al gobernador sonorense le habría sido cancelada su visa estadounidense durante el año pasado mientras continúan las averiguaciones sobre presuntas conexiones con grupos delictivos.
El reportaje sostiene además que Durazo seguiría ingresando a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
Dicho mecanismo, explican los autores, permite el ingreso temporal de personas extranjeras cuya presencia es considerada de interés para procesos vinculados con la seguridad pública o investigaciones judiciales.
Respecto a Tamaulipas, la publicación asegura que las indagatorias relacionadas con el gobernador Américo Villarreal estarían vinculadas a presuntas investigaciones sobre operaciones de contrabando de combustibles.
Las fuentes consultadas por los periodistas afirmaron que Villarreal también contaría con un permiso especial de ingreso a Estados Unidos, además de recibir acompañamiento de autoridades durante sus cruces fronterizos.
El mandatario tamaulipeco rechazó los señalamientos y calificó como falsas las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas, según recoge el propio trabajo periodístico.
La investigación también refiere que el gobierno mexicano ha cuestionado este tipo de señalamientos, al considerar que pueden interpretarse como intentos de presión política sobre autoridades electas del país.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho públicas acusaciones penales formales contra los gobernadores mencionados, mientras la información continúa basada en fuentes citadas por la investigación periodística. Con información de Medios Nacionales.
