San Luis Potosí.- La polémica por la llamada Ley Serrano escaló nuevamente luego de que la defensa del periodista Juan Pablo Moreno aseguró que el diputado Héctor Serrano figura como presunta víctima en una investigación penal.
La revelación surgió durante una diligencia realizada en la Fiscalía General del Estado, donde abogados del comunicador tuvieron acceso a información relacionada con la carpeta de investigación.
El señalamiento ocurre en medio de cuestionamientos por un supuesto citatorio dirigido al periodista, cuya existencia había sido previamente negada por autoridades ministeriales.
Natalia Castillo Vera, representante legal de Moreno, explicó que acudieron a una comparecencia previamente programada, aunque finalmente la autoridad decidió posponerla sin mayores explicaciones.
Ante la reprogramación, la defensa solicitó conocer detalles básicos del procedimiento, principalmente la identidad de la persona denunciante y los hechos investigados.
Fue entonces cuando, según relató la litigante, conocieron que Héctor Serrano aparece identificado dentro del expediente como la supuesta víctima del caso.
La abogada aseguró que tanto Juan Pablo Moreno como uno de sus hijos, quien también ejerce labores periodísticas, figuran dentro de la investigación.
Además, afirmó que durante la revisión preliminar se mencionaron posibles delitos relacionados con contenidos digitales, aunque sin precisar claramente los alcances de las acusaciones.
La defensa anunció que solicitará acceso completo a la carpeta para conocer los elementos integrados y preparar una estrategia jurídica adecuada.
El asunto cobra relevancia debido a que Serrano fue uno de los principales promotores de las reformas penales vinculadas al uso de inteligencia artificial.
Dichas modificaciones, conocidas públicamente como Ley Serrano, fueron impulsadas con el argumento de sancionar manipulaciones digitales que afecten derechos de terceros.
Paralelamente, la controversia alcanzó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien evitó confirmar directamente si la senadora Ruth González promovió denuncias contra comunicadoras.
El mandatario sostuvo que los procedimientos judiciales no estaban dirigidos contra periodistas y atribuyó las críticas a intereses externos con motivaciones políticas.
Gallardo insistió en que las personas procesadas no desempeñaban actividades periodísticas, por lo que rechazó que existiera una afectación a la libertad de expresión.
Sin embargo, la polémica creció tras revelarse que la senadora Ruth González presentó una denuncia relacionada con una imagen difundida mediante inteligencia artificial.
La legisladora, considerada una de las principales figuras del Partido Verde rumbo a la sucesión estatal de 2027, argumentó afectaciones a su reputación.
La querella derivó en acciones judiciales contra Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, vinculadas a plataformas informativas que difundieron la imagen cuestionada.
Ambas mujeres permanecieron privadas de su libertad durante quince días antes de obtener una suspensión condicional del proceso que permitió su excarcelación.
Tras recuperar su libertad, continuaron sujetas a diversas condiciones legales, incluyendo medidas de reparación establecidas por la autoridad judicial competente.
Familiares de las comunicadoras denunciaron que la detención provocó afectaciones personales, económicas y emocionales que continúan enfrentando tras el procedimiento.
La controversia se originó por una imagen elaborada con inteligencia artificial donde aparecía Ruth González junto al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
La senadora sostuvo que dicha publicación dañó su imagen pública y vulneró derechos relacionados con su integridad moral y reputación personal.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión habían advertido desde la aprobación de la reforma sobre posibles riesgos de uso discrecional.
Señalaron que las nuevas disposiciones podrían convertirse en instrumentos para inhibir el trabajo periodístico, la crítica política y el debate público.
La reforma establece sanciones penales para quienes utilicen inteligencia artificial con fines de afectar el honor o la vida privada de terceros.
No obstante, el propio ordenamiento contempla excepciones cuando los contenidos tengan propósitos periodísticos, académicos, artísticos, satíricos o vinculados a la crítica política.
Documentos citados por diversos medios indican que la denuncia relacionada con la imagen fue presentada ante la Fiscalía el pasado ocho de mayo.
Menos de dos semanas después, las autoridades ejecutaron órdenes que culminaron con la detención y traslado de las comunicadoras al penal de La Pila.
El caso mantiene abierto un debate nacional sobre los límites de las regulaciones digitales y los posibles impactos sobre el ejercicio periodístico.
