San Luis Potosí.-Con revisiones directas en los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado intensificó la vigilancia sobre el ejercicio de recursos públicos.
Las acciones forman parte de las auditorías a las Cuentas Públicas 2025 y contemplan visitas presenciales a cada municipio para verificar documentación, registros y destino del gasto.
El objetivo es corroborar en campo que los recursos reportados por las administraciones municipales correspondan con la información contenida en sus estados financieros.
El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, afirmó que estas inspecciones fortalecen los mecanismos de control y supervisión sobre el manejo del dinero público.
Explicó que la presencia de los auditores en las sedes municipales permite realizar análisis más precisos y contrastar la información contable con evidencias directas.
Señaló que esta metodología aporta mayores elementos técnicos para detectar posibles inconsistencias y generar hallazgos relevantes en materia de fiscalización gubernamental.
Lecourtois López destacó que el trabajo desarrollado por el personal especializado contribuye al combate de prácticas irregulares y fortalece la rendición de cuentas.
Las revisiones financieras comenzaron una vez que concluyeron los procedimientos efectuados por los auditores responsables de evaluar la ejecución de obra pública.
Actualmente, los equipos encargados de la fiscalización financiera desarrollan diversas verificaciones para validar información relacionada con la administración municipal.
Entre las acciones que se realizan destacan arqueos de caja, comprobación de asistencia del personal y revisión física de las unidades vehiculares oficiales.
Estas actividades buscan integrar información suficiente para elaborar los resultados preliminares dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
El titular del organismo fiscalizador señaló que las inspecciones de campo representan una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia institucional.
Indicó que cada procedimiento está orientado a garantizar que los recursos públicos sean ejercidos conforme a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, subrayó que la finalidad es verificar que el gasto público genere beneficios concretos para la población y responda a los objetivos autorizados.
Añadió que el Instituto mantiene una política de vigilancia permanente para prevenir irregularidades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
También afirmó que, cuando se detecten anomalías, se actuará conforme a derecho y se dará vista a las autoridades correspondientes.
Las observaciones derivadas de las auditorías serán notificadas oportunamente para que se determinen las responsabilidades que procedan en cada caso.
El organismo continuará desarrollando su programa anual de fiscalización hasta concluir la revisión integral de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2025.
Las faltas detectadas, ya sean consideradas graves o no graves, serán atendidas conforme a los procedimientos previstos por el marco legal.
