San Luis Potosí.- La presidenta del Poder Judicial del Estado ya no tendría que ser sustituida por la magistratura que obtuvo la segunda mayor votación ciudadana, luego de que las comisiones del Congreso, aprobaron una reforma que devuelve al Pleno del Supremo Tribunal la facultad de designar a quien ocupe temporalmente el cargo.
La modificación también elimina la obligación de nombrar a jueces, magistrados y secretarios vacantes con los candidatos que quedaron en segundo lugar durante la elección judicial celebrada en 2025.
El dictamen, aprobado en comisiones, establece que las vacantes generadas por renuncias, licencias o separaciones serán cubiertas mediante designaciones internas del propio Poder Judicial, hasta una nueva elección.
Con ello, se modifica uno de los pilares de la reforma judicial aprobada en 2024, que establecía que los cargos vacantes debían recaer automáticamente en quienes obtuvieron la siguiente mayor votación ciudadana.
La iniciativa también redefine el mecanismo para elegir la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, dejando atrás el criterio basado en los resultados electorales.
De prosperar la reforma, la persona que encabece el Poder Judicial será elegida mediante votación interna entre las magistraturas por un periodo de tres años, privilegiando la operatividad institucional.
La propuesta fue avalada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia, apenas unos meses después de haber iniciado la implementación del nuevo modelo judicial.
Durante el análisis del dictamen, la diputada Gabriela López Torres manifestó su rechazo al considerar que los cambios modifican sustancialmente las reglas aprobadas el año pasado.
La legisladora sostuvo que eliminar el criterio de la segunda mayor votación ciudadana representa un retroceso, al devolver al propio Poder Judicial decisiones que anteriormente correspondían al electorado.
También advirtió que permitir designaciones internas para cubrir vacantes beneficia directamente a la estructura judicial y reduce el alcance de la participación ciudadana en la integración del Poder Judicial.
