San Luis Potosí.- Un tribunal federal concedió un amparo provisional con efectos restitutorios a más de cien familias indígenas Tének desalojadas violentamente del predio La Peña, ordenando devolverles la posesión mientras se resuelve el litigio.
La resolución fue emitida dentro del Recurso de Queja 195/2026 y obliga a restituir temporalmente el terreno en las condiciones previas al operativo realizado el pasado 9 de junio.
Las familias fueron expulsadas mediante un despliegue policial del predio de aproximadamente 200 hectáreas, ubicado a escasos 200 metros de la cabecera municipal de Tampamolón Corona.
Los habitantes sostienen que han ocupado, trabajado y protegido esas tierras durante tres décadas, sin que las autoridades resolvieran de manera definitiva su situación jurídica.
Pedro González Gómez, secretario estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), explicó que los antecedentes del conflicto se remontan a principios de los años ochenta.
Recordó que el terreno pertenecía originalmente a ranchos donde laboraban familias indígenas, hasta que los propietarios incumplieron un crédito bancario y perdieron la propiedad mediante juicio mercantil.
Tras ese proceso, Bancomer tomó posesión del predio, mientras los trabajadores permanecieron habitándolo porque nunca recibieron indemnización, liquidación ni compensación por los años de servicio.
El dirigente señaló que varias personas fallecieron esperando una solución legal, sin obtener reconocimiento alguno por décadas de trabajo en esas tierras.
Durante los años noventa, los ocupantes intentaron regularizar el predio mediante la creación de un ejido, pero la reforma al artículo 27 constitucional modificó ese procedimiento.
González Gómez explicó que, posteriormente, la CIOAC comenzó a asesorar jurídicamente a las familias para buscar otra vía que permitiera obtener certeza sobre la propiedad del terreno.
Precisó que recurrieron al Acuerdo Nacional para el Campo, el cual contemplaba mecanismos para regularizar predios ocupados de forma pacífica, pública y prolongada.
Sin embargo, las autoridades agrarias exigieron que la solicitud fuera promovida por un ejido legalmente constituido, requisito que los habitantes no lograron cumplir.
Afirmó que funcionarios federales alentaron durante años a las familias a continuar con trámites administrativos que finalmente nunca ofrecieron resultados concretos.
Incluso hace una década, recordó, personal de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria realizó nuevas valoraciones del terreno sin alcanzar un acuerdo satisfactorio con los ocupantes.
Según el dirigente, las ofertas económicas presentadas resultaban insuficientes, especialmente para adultos mayores que habían trabajado y habitado el predio durante más de treinta años.
Subrayó que todas las gestiones se desarrollaron por la vía institucional hasta el operativo del 9 de junio, cuando elementos policiacos desalojaron violentamente a los pobladores.
Durante ese operativo fueron detenidas seis personas, incluida una mujer, quienes recuperaron su libertad dos días después al no acreditarse elementos suficientes para mantenerlas bajo proceso.
La CIOAC sostuvo que la presión social y jurídica contribuyó a la liberación de los detenidos, aunque el conflicto territorial permaneció sin resolverse.
González Gómez aseguró que el valor estratégico del predio ha despertado el interés de particulares que buscan impulsar proyectos inmobiliarios en esa zona de la Huasteca potosina.
Consideró que ese interés económico explica los intentos por desplazar a las familias indígenas que durante décadas han mantenido la posesión material del inmueble.
El dirigente afirmó que la permanencia continua, pública y pacífica de las familias reúne los elementos jurídicos para invocar la figura de la prescripción positiva.
También recordó que el conflicto era atendido mediante mesas de diálogo coordinadas por la Secretaría General de Gobierno del Estado antes del desalojo.
Añadió que el expediente incluso fue turnado a instancias federales como la Secretaría de Gobernación, la SEDATU, la Procuraduría Agraria y la Presidencia de la República.
No obstante, lamentó que el operativo policial rompiera las negociaciones y dejara sin efecto los compromisos previamente establecidos entre autoridades y representantes comunitarios.
Finalmente, exigió que los gobiernos federal, estatal y municipal respeten los acuerdos firmados durante más de dos décadas y den una solución definitiva al conflicto agrario.
Sostuvo que la omisión institucional también genera responsabilidad, pues el incumplimiento de compromisos oficiales prolonga el despojo y vulnera los derechos de las comunidades indígenas.
Concluyó que las familias Tének mantienen su exigencia de recuperar plenamente La Peña, al considerar que se trata de un territorio ligado históricamente a su identidad y patrimonio comunitario.
