San Luis Potosí.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la derogación de la denominada “Ley Serrano”, reforma penal que generó una fuerte controversia por sancionar con cárcel el uso indebido de inteligencia artificial.
La legislación, aprobada por el Congreso local en noviembre de 2025, contempló penas de hasta seis años de prisión y dio origen a denuncias penales contra comunicadores.
El anuncio fue realizado durante el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, organizado por el Gobierno del Estado con la participación de académicos, funcionarios y representantes de algunos medios de comunicación.
Entre los asistentes destacó el diputado Héctor Serrano Cortés, impulsor de la reforma, quien defendió nuevamente su iniciativa al considerar necesaria una regulación sobre inteligencia artificial.
Durante su intervención, Serrano afirmó sentirse orgulloso de que la legislación lleve su apellido y sostuvo que, con el tiempo, servirá como referente para una regulación internacional.
En contraste, Ricardo Gallardo aprovechó el encuentro para firmar la iniciativa que busca eliminar esa reforma y entregarla a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina.
El mandatario estatal aseguró que la derogación permitirá abrir paso a una nueva legislación enfocada en proteger la dignidad humana sin vulnerar derechos fundamentales.
Gallardo sostuvo que el uso de la inteligencia artificial debe mantenerse libre y accesible, siempre que no represente riesgos para las personas ni para la sociedad.
Añadió que la nueva propuesta buscará salvaguardar la imagen, la voz, el rostro y la identidad de las personas, además de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.
No obstante, la derogación no entrará en vigor de manera inmediata, ya que la Constitución estatal establece que únicamente el Congreso tiene facultades para modificar o eliminar leyes vigentes.
Por ello, la iniciativa presentada por el Ejecutivo deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye su análisis, discusión y eventual votación por parte de los diputados locales.
En noviembre de 2025, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una iniciativa de reforma presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, para castigar el “uso indebido de la inteligencia artificial”.
La reforma incorporó tres delitos:
Uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial.
Manipulación institucional mediante inteligencia artificial.
Difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial.
Meses más tarde, en mayo de 2026, una comunicadora y una funcionaria pública del ayuntamiento de la capital del estado, fueron acusadas, detenidas y procesadas por la presunta comisión de delitos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial para la elaboración de una imagen en la que se mostraba a la senadora Ruth González Silva, cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo, en compañía del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
También trascendió la liberación de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado en contra de, al menos, once personas más por la presunta comisión de delitos similares; y tuvo lugar la detención de un comunicador en la región Huasteca, acusado de recibir denuncias ciudadanas sobre las actuaciones de la Guardia Civil Estatal en esa zona del estado.
Para el mes de junio, los periodistas Juan Pablo Moreno Rodríguez y Juan Pablo Moreno Guzmán también revelaron que el propio Héctor Serrano Cortés presentó una denuncia en su contra por delitos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial e incluso extorsión.
Sobre todos los casos, la organización Artículo 19 advirtió que “revelan un uso sistemático del aparato penal como herramienta de hostigamiento contra periodistas, comunicadores, actores políticos y voces críticas en San Luis Potosí”, particularmente aquellas que difieren de las posturas, acciones y políticas del gobierno estatal.
Múltiples voces locales, nacionales e internacionales, desde la defensa de derechos humanos, también criticaron el diseño y la implementación de dicha reforma, por sus impactos y límites impuestos al ejercicio de la libertad de expresión.
La SCJN, el fallo que no llegó
Desde diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 para buscar la derogación de la denominada “Ley Serrano”.
La CNDH argumentó, a grandes rasgos, que “las conductas penales prohibidas, cometidas mediante el uso de inteligencia artificial, no se encuentran descritas de forma clara y precisa”, además de que “no era necesario el uso del derecho penal” para regularlas.
Además, la Comisión consideró que los tres nuevos tipos penales incorporados al código local “inhiben el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información, pues restringen el debate público y la crítica social”.
Hasta este día, el máximo tribunal en materia de impartición de justicia en México, no se había pronunciado al respecto. Con información de Apro.
