Zoé Robledo atribuyó las restricciones a la Modalidad 40 a un presunto esquema de gestores que financiaban cotizaciones y exigían escrituras como garantía de pago.
El director del IMSS sostuvo que asesores financieros prestaban dinero para cubrir periodos de cotización, con el propósito de elevar las pensiones de sus clientes.
Durante la conferencia presidencial, afirmó que esos créditos terminaban cubiertos por el Estado mediante pensiones que, según sus estimaciones, podían incrementarse hasta mil por ciento.
Señaló que el esquema desvirtuaba una modalidad creada para personas sin empleo que buscaban completar semanas de cotización y alcanzar el derecho a una pensión.
Robledo denunció inscripciones en empresas fantasma para mantener cotizaciones, reunir las semanas requeridas y posteriormente acceder a la Modalidad 40, como parte de esas prácticas.
El Consejo Técnico, explicó, decidió limitar el mecanismo y revisarlo durante seis meses, periodo destinado a estudiar posibles modificaciones en sus condiciones de aplicación futura.
Sobre la legalidad, situó esas operaciones en la frontera entre un beneficio laboral y créditos que terminaría pagando el Estado, con propiedades utilizadas como garantía.
