San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí está entre las siete entidades del paìs donde disminuyó la corrupción en las esferas de gobierno y la prevalencia en el trabajo de los órganos anticorrupción creados en la entidad, revela el INEGI.
La corrupción se redujo entre el 2013 al 2019 en poco más de 5 por ciento; Mientras que en el 2013 la prevalencia de corrupción era de 18% en el 2019 fue del 13.1%.
Mientras que el Estado, cumplió con la creación de todos los organismos Anticorrupción y ponerlos a disposición de la ciudadanía, los municipios no lo han hecho.
Por ejemplo, el 75.9 por ciento de los 58 municipios no tienen un plan o un programa Anticorrupción y solo el 21.1% lo tiene en favor de la gente.
Lo anterior, muestra que a nivel municipal, los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales en los últimos años.
En 2010, casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, mientras que, en 2018, poco más de 20% reportó contar con plan o estar en proceso de elaborar uno.
De acuerdo al informe que presentó el INEGI con motivo del Día Internacional contra la corrupción que se celebra el próximo 9 de diciembre, aún está marcada la desconfianza de la gente por denunciar los actos de corrupción de los que son víctimas.
San Luis Potosí enfrenta cifras dramáticas porque el 86.3 de las personas no denunció su victimización por corrupción.
Señala además que entre 2017 y 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; el gasto promedio por persona afectada pasó de 2 273 pesos en 2017 a 3 822 pesos en 2019
En 2019, el monto total por actos de corrupción en el país que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 770 millones de pesos, lo que representó 3 822 pesos promedio por persona afectada.
A precios constantes, entre 2017 y 2019 el costo del soborno en la población aumentó 63.1% al pasar de $7 218 millones en 2017 a $11 775 millones en 2019.
Acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción, es decir, la corrupción derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, este fue de 2 244 millones de pesos en 2019, lo que significó un gasto promedio de 1 294 pesos por cada víctima.
