Buenos Aires.- Bonnie y Daniel Loedel entran al mausoleo con una sencilla urna de madera que contiene los restos óseos de su hermana, desaparecida durante la última dictadura militar argentina. Depositan la caja con el nombre de Isabel y ponen punto final a un arduo proceso de identificación que impide que se concrete lo que los represores se propusieron: borrar y hacer invisibles a sus víctimas.
El Mausoleo Memoria Verdad y Justicia Para la Víctimas del Terrorismo de Estado que se encuentra en el cementerio de la ciudad bonaerense de La Plata contiene los restos de al menos una docena de desaparecidos entre 1976 y 1983 que han sido identificados por el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), abocado a utilizar técnicas contribuyen a investigar violaciones a los derechos humanos en más de 50 países.
A casi 36 años del fin de la dictadura, el EAAF recuperó en Argentina restos de más de 1.400 desaparecidos y logró dar nombre a 795 de ellos. No obstante, los restos de unas 600 personas de los que extrajeron perfiles genéticos útiles permanecen sin identificación y no son compatibles con ninguna de las muestras de sangre de familiares de desaparecidos que guardan en su banco genético, por lo que siguen en custodia del equipo.
Esta organización no gubernamental lanzó recientemente una campaña en redes sociales –de la que los medios han hecho eco– en la que insta a familiares de víctimas a dar sus muestras de sangre para avanzar en los cotejos de ADN y visibilizar a los más invisibles, reconstruir su historia y sufrimientos y permitir a los allegados completar el duelo de la pérdida dándoles el enterramiento que merecen.
Los hermanos de Isabel Loedel, sus amigas del colegio y otros allegados se reunieron días atrás ante el monumento funerario y dijeron adiós a la mujer cuyos restos fueron identificados hace un año y por fin se reunía con quien fuera su pareja, Julio César Di Giacinti, identificado por los forenses siete años atrás. Ambos murieron a principios de 1978, víctimas de la represión ilegal, tal como comprobó la justicia.
“Realmente es muy importante lo que hacen (los forenses del EAAF). Trae un cierre, puedes celebrar sus vidas y puedes dejarlos ir y, al mismo tiempo, nos recuerda que nunca podemos olvidar, que no puedes borrar personas”, dijo Bonnie Loedel a The Associated Press al recordar a su hermana once años mayor, de la que guarda vagos recuerdos. Bonnie, que ejerce como abogada, vive Estados Unidos, donde también residen su hermano Daniel y el padre de los tres hermanos, Eduardo.
Aunque el proceso removió emociones, Daniel y Eduardo accedieron a suministrar muestras sanguíneas a fines de 2017 que tras ser cotejadas con el perfil genético de restos de Isabel permitieron establecer su identidad. Bonnie convenció primero a Daniel para dar su sangre y este último hizo lo propio con su padre.
El esqueleto de Isabel había sido desenterrado en 2010 en un cementerio de la provincia de Buenos Aires donde fue sepultada como “N.N”. Fue otro cuerpo más encontrado gracias a la laboriosa tarea que los forenses realizan desde 1984 para descubrir dónde están miles de víctimas y que es acompañada por jueces que investigan múltiples delitos contra disidentes políticos del régimen militar.
Gracias al análisis de los restos óseos, Bonnie supo –aunque fuera 41 años después– que su media hermana había muerto por lesiones en el tórax.
Sin embargo, dar una muestra de sangre para identificar a un ser querido que murió en circunstancias tan violentas agita los fantasmas del pasado.
“Se tarda mucho en tomar coraje para una cosa tan sencilla… a mí me costó mucho ir y eso que era militante (político)”, dijo Daniel Di Giacinti, quien dio su muestra para identificar a su hermano y pareja de Isabel.
La identificación de los restos de Juan Carlos Barrera, militante de la organización armada Montoneros, fue gracias a otra campaña encabezada por el EAAF en 2007 en el marco del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos.
Ángeles Barrera, hija de Juan Carlos, dudó mucho antes de animarse a dar su muestra de sangre. “Esa llamada al EAAF me costó… varias veces llamé y colgaba”, contó la mujer a AP. Finalmente se contactó y encontró un equipo que funcionaba como una auténtica “red de contención”.
La noticia de la identificación de su padre dos años después supuso un cierre y un inicio en la vida de esta mujer que se sentía en “un camino sin salida” y a quien se le hacía muy difícil hablar de su condición de hija de desaparecido. Por muy doloroso que fuera, era sanador saber al fin cómo había muerto al que arrancaron de su vida cuando era una niña: sufrió múltiples fracturas y quemaduras tres días después de su secuestro el 7 de abril de 1976.
Luis Fondebrider, director ejecutivo y miembro fundador del EAAF, destacó que este renovado llamado para identificar los restos esqueléticos custodiados en cientos de cajas apiladas “va a ser probablemente el último gran intento” para hacerlo. El equipo trabaja en dependencias de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron unas 5.000 víctimas y que ahora es un museo para no olvidar los crímenes de la dictadura.
“A medida que pasan los años se hace más dificultosa (la identificación) porque no todos los familiares tienen el nivel de cercanía que es necesario… los padres son los más importantes, luego los hermanos, los hijos y así va bajando el porcentaje estadístico de acuerdo uno se aleja a la persona desaparecida”, explicó Fondebrider. No muy lejos, en el laboratorio de antropología, una investigadora sujetaba con delicadeza el cráneo de un desaparecido en el que intentaba detectar orificios de bala. En cuatro mesas adyacentes reposaban sendos esqueletos.
Mariana Selva, coordinadora del laboratorio de antropología, advirtió que “uno es forense, no es mago” y no hay garantías de que quien se acerque vaya a encontrar a su familiar, pero invitó al que tenga a un allegado desaparecido a que converse con el equipo “y se saque todas las dudas”.
Sofía Egaña, investigadora del laboratorio, apuntó que “a nadie le gusta estar en una fosa” trabajando con cuerpos en condiciones tan duras. “Pero es el medio para un fin…nos entrenamos en una buena recuperación de los restos y en entender qué dice el registro óseo y eso puede dar una respuesta”, subrayó.
La mayoría de los desaparecidos fueron enterrados como NN durante la dictadura en cementerios y en menor medida en unidades militares y policiales, donde la búsqueda es más difícil por la resistencia de los exrepresores a revelar dónde fueron inhumados. Según organismos de derechos humanos, 30.000 personas desaparecieron a causa de la represión ilegal.
El papa Francisco se refirió en recientes declaraciones periodísticas a esta herida que aún sangra en su país y se consideró un defensor del “derecho a la verdad sobre lo que pasó, a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres”.
Bonnie Loedel se alegró de que su familia pudiera dar un cierre a la historia de Isabel.
“Han pasado 40 años y cuando alguien desaparece no puedes llorar… ha desaparecido, así que hacer los exámenes de sangre y encontrarla fue increíble”, concluyó.