San Luis Potosí, SLP.- La Secretaria de Salud en San Luis Potosí Mónica Rangel Martínez, lamentó que se este generando un linchamiento sin fundamentos legales en su contra, cuando existe un objetivo claro de atender y dar solución a los problemas de salud.
La Secretaria de Salud aseguró que no existen hechos de corrupción en los contratos con la empresa relacionada de Gabriel Salazar.
La titular de los Servicios de Salud dijo que, “existen personas que pretenden vincularme en forma dolosa en actos de corrupción, lastimando a mi persona y mi trabajo como funcionaria, una cosa son los contratos que se otorgaron a empresas relacionadas con esta persona para otorgar un servicio a la secretaría de acuerdo a la ley, y otra es que se pretenda vincularme con él y su presunción de fraude, son dos cosas distintas, hay mucho dolo e intención de dañarme”.
Uno de los principales blancos y por los cuales se le han hecho señalamientos a la Secretaria, son los supuestos beneficios obtenidos desde esta dependencia para Gabriel Salazar Soto quien enfrenta un conflicto entre particulares a través de la empresa Invercop-.
Rangel, aseguró que, una vez hecho una revisión desde el 2015 al 2020, se encontró que Gabriel Salazar Soto «jamás ha tenido relación laboral con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, es decir, nunca ha trabajado en esta dependencia.
Además, no se encontró ningún contrato formalizado con las empresas Scolta/Proshine, Infinet, Invercop o Capital Financial, una de ellas bajo investigación por presunto fraude.
Una de estas empresas es la que ha afectado lo intereses económicos de muchas familias en la entidad.
Dentro de la revisión, explicó, entre el 2017-2018 de 1,297 contratos celebrados por la Secretaría, se identificaron 17 de ellos donde interviene Gabriel Salazar Soto como proveedor. Es decir, el 1,3% fueron asignados a este proveedor.
Además del total ejercicio 7, 443 millones de pesos, el 0.9% se contrató con las empresas de esta persona.
La doctora Rangel, hizo un resumen fiscal y de movimientos que se han generado desde el 2017 y en particular por los contratos realizados con Gabriel Salazar quien enfrenta un presunto fraude con particulares y ahora el conflicto, giró hacía la figura de la Secretaría de Salud que se considera, ha sido un distractor con fines políticos.
Tanto la Auditoría Superior del Estado como de la Federación, no ha encontrado irregularidades en el manejo de los recursos aunque hay contratos en procesos de revisión.
Pero desde el 2015 al 2020 no se encontraron ningún contrato formalizado con las empresas Scolta/Proshine, Infinet, Invercop o Capital Financial.
“Los hechos en los que se pretende involucrarme son falsos y totalmente reprobables”, atajó la Secretaría quien, consideró que por encima de los adjetivos que ha recibido, hay una violencia innecesaria contra su persona.
En especial, porque se está trabajando en una pandemia que ha impactado los sistemas de salud.
Rechazó que se vaya separar del cargo y menos que vaya a renunciar. El único que me puede separar del cargo es mi jefe: El Gobernador.
Lamentó el proceso que estar viviendo las personas defraudadas por una de las empresas que maneja Salazar Soto.
Dijo que siempre estará a disposición de cualquier ente fiscalizador y del Poder Legislativo para poder aclarar cualquier duda, como en otras ocasiones lo ha hecho.
Para mí es un honor estar al frente de una dependencia más noble que existe. “Lo que más me ocupa es atender una pandemia que causa muerte”.
Añadió: “Mi dignidad y honestidad es lo único que tengo. Por eso estoy aquí, mi ética profesional y mis valores, es lo que me hace estar aquí”.
“Como mujer, cualquier calificativo que sea referido hacia mi persona o cualquier mujer, es violencia, siempre voy a estar en contra que se de peyorativos o se descalifique el trabajo de manera infundada”.
Hoy, añadió, “por supuesto que he sido violentada al recibir peyorativos”.
Alejandro Leal, secretario General de Gobierno, aseguró que estas acusaciones que involucran a la Secretaria de Salud, “es un distractor” en el que no se debe caer y se busca presionar “a alguien” o algo con fines electorales.
Dijo que el tema del proveedor Gabriel Salazar Soto quien estuvo por dos años, no tiene nada que ver en estos momentos con el supuesto fraude que cometió a personas particulares.
