La elección judicial que se avecina no solo será inédita en su forma, sino también profundamente cuestionada en su esencia.
Desde sus orígenes, este proceso ha estado marcado por la desconfianza: la selección de candidatas y candidatos ha despertado más sospechas que certezas, con nombres propuestos bajo la sombra del poder, del crimen y otros sin trayectoria o formación jurídica suficiente para aspirar a un cargo tan delicado como lo es impartir justicia.
A pocos días de la votación, lo que debía ser una fiesta democrática se parece más a una carrera desordenada, plagada de desinformación, desinterés ciudadano y confusión generalizada.
Luego que hay 881 cargos del Poder Judicial en disputa, con una enorme cantidad de aspirantes-3 mil 423- por lo cual en algunos casos por boleta aparecen más de 80 nombres, lo cual convierte el voto en un acertijo que pocos podrán resolver con claridad.
Pero más allá del caos organizativo y del cansancio ciudadano, lo que está en juego es monumental: estamos eligiendo jueces y magistrados que tendrán en sus manos el destino de causas penales, civiles y administrativas durante los próximos años.
Decidir sin conocer, o peor aún, permitir que accedan personas sin preparación o con antecedentes oscuros, es entregar la justicia a la improvisación o al control político y criminal.
Las estimaciones de participación son alarmantemente bajas. A esto se suma la amenaza de sabotaje directo al proceso: en varias regiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha advertido que no permitirá la instalación de casillas qué en el país la intención es instalar 83 mil 997.
Las razones, aunque ideológicas, no justifican impedir a la ciudadanía ejercer su derecho.
Si el voto es el arma del pueblo, negarlo es desarmarlo.
Del lado de la oposición, los llamados a denunciar “súper delegados” o “servidores de la nación” como operadores del fraude parecen una estrategia preventiva para deslegitimar los resultados, pero no carecen de sustento: hay antecedentes preocupantes de manipulación y clientelismo disfrazado de programas sociales.
Y mientras tanto, el árbitro electoral parece más enfocado en sostener la narrativa de un proceso histórico, que en resolver las múltiples alertas que ya lo empañan.
Lo que está en juego no es sólo quién se sienta en una silla de magistrado, es el futuro de la justicia misma.
Una justicia que, si nace de un proceso sucio, nacerá viciada.
Y una justicia viciada es la peor forma de injusticia.
Por eso, como sociedad, debemos exigir transparencia, información clara, mecanismos efectivos de fiscalización y una participación ciudadana responsable. Porque si permitimos que se elija a ciegas, o peor aún, bajo coacción, estaremos sembrando una justicia que no será ni ciega ni imparcial, sino obediente a intereses que nada tienen que ver con la ley.
