San Luis Potosí.- El Congreso del Estado analiza una reforma que busca modernizar la legislación educativa para enfrentar las nuevas expresiones de violencia que afectan a estudiantes dentro y fuera de las aulas.
La iniciativa presentada por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propone actualizar la Ley de Educación estatal mediante la incorporación de conceptos y mecanismos que permitan identificar conductas agresivas emergentes.
La legisladora advirtió que las dinámicas actuales de violencia escolar han evolucionado y representan riesgos cada vez mayores para la integridad física, emocional y psicológica del alumnado.
Explicó que la propuesta se alinea con los principios establecidos en la Ley General de Educación, que obliga a las autoridades a promover ambientes seguros.
El proyecto plantea reforzar las estrategias de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, además de impulsar la cultura de paz y resolución pacífica.
Martínez Vázquez señaló que diversas disposiciones estatales mantienen enfoques limitados, centrados principalmente en sanciones disciplinarias, sin incorporar estándares modernos de protección integral.
La reforma incorpora criterios relacionados con derechos humanos, salud mental, inclusión, perspectiva de género, justicia restaurativa y participación activa de los estudiantes.
La diputada sostuvo que las agresiones escolares generan secuelas profundas que impactan el rendimiento académico, las relaciones sociales y el bienestar emocional.
Indicó que estos comportamientos ya no pueden considerarse conflictos menores, pues representan afectaciones sistemáticas que vulneran derechos fundamentales de la infancia y adolescencia.
El planteamiento legislativo busca establecer definiciones más precisas para facilitar la detección, prevención, atención y sanción de las distintas formas de violencia escolar.
También reconoce el derecho de toda persona estudiante a desarrollarse en espacios educativos libres de intimidación, discriminación, abuso de poder y cualquier manifestación de violencia.
La iniciativa establece que el Estado debe garantizar mecanismos efectivos para proteger la integridad física, emocional, psicológica y sexual de quienes integran la comunidad educativa.
Asimismo, plantea que las instituciones privadas que prestan servicios educativos también deberán cumplir plenamente con los principios de protección y prevención establecidos.
La propuesta señala que las escuelas tienen la obligación de actuar oportunamente cuando existan indicios de hostigamiento o situaciones que pongan en riesgo a estudiantes.
La legisladora afirmó que ignorar o tolerar actos de violencia puede derivar en graves afectaciones emocionales para niñas, niños y adolescentes afectados directamente.
