San Luis Potosí.- La posibilidad de que jueces y magistrados participen con opiniones técnicas en la construcción de nuevas leyes comenzó a tomar forma tras una reunión entre representantes de los tres Poderes del Estado, en un intento por reducir errores legislativos y fortalecer la certeza jurídica para los ciudadanos.
La propuesta fue impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien plantea modificar los mecanismos internos del Congreso para que el Poder Judicial emita observaciones institucionales cuando se pretenda crear, reformar o eliminar disposiciones contenidas en los distintos códigos estatales.
Durante el encuentro, celebrado con integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y funcionarios del Poder Ejecutivo, se discutió la conveniencia de incorporar la experiencia práctica de quienes aplican diariamente las leyes antes de concretar cambios que impacten directamente la impartición de justicia.
El legislador sostuvo que el objetivo central es evitar reformas alejadas de la realidad jurídica y garantizar que las modificaciones legales respondan a necesidades concretas relacionadas con la protección de derechos, patrimonio y estabilidad familiar.
La iniciativa también contempla establecer tiempos específicos para que el Poder Judicial entregue sus opiniones técnicas, con el propósito de que la participación institucional no retrase el proceso legislativo ni obstaculice el trabajo parlamentario.
Además del análisis de la reforma, se planteó la creación de un espacio permanente de diálogo entre los poderes públicos para revisar periódicamente el marco jurídico estatal y detectar áreas susceptibles de actualización o mejora.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, junto con magistrados integrantes de la Comisión de Estudio y Reformas Legales, participó en la reunión donde se respaldó la posibilidad de fortalecer la colaboración institucional sin invadir atribuciones constitucionales.
Los representantes judiciales coincidieron en que un esquema de consulta formal podría contribuir a brindar mayor seguridad jurídica a las reformas aprobadas por el Congreso, manteniendo intacta la autonomía legislativa.
A la reunión también asistieron las diputadas Antonia Castro Castañeda, Roxana Hernández Ramírez y María Aranzazu Puente Bustindui, quienes conocieron los alcances de una propuesta que comenzará a discutirse en comisiones legislativas.
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento interno del Congreso, con el propósito de institucionalizar este mecanismo de colaboración antes de futuras reformas legales.
